Por: Iram Martínez
El lunes se cumplieron 9 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El presidente de la república, desde su campaña y desde el día uno de su gobierno priorizó este caso y se comprometió a hacer llegar la justicia a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, han pasado 5 años de la llegada de Andrés Manuel al poder y las cosas no han avanzado como se esperaba. Tratándose de un caso de gran impacto a nivel nacional e internacional, y en el contexto político que vive nuestro país (último año de la 4T al frente), este hecho se ha politizado demasiado.
Entre los muchos dimes y diretes generados alrededor, lo más importante a resaltar es el desconocimiento del paradero de los normalistas. Ya sabemos que no hay posibilidad de encontrarles con vida, al menos eso fue lo que dijo el presidente de la comisión, Alejandro Encinas el año pasado.
Eso no quita la presión, ni cambia la exigencia de los padres y de la sociedad civil, quienes merecen obtener justicia, pero tal parece que al mandatario se le olvidó la promesa del 2018 y cambió de prioridades, ahora, el ejército, uno de los participantes en esta violación a derechos humanos, es su nueva prioridad.
No es necesario indagar mucho para darse cuenta de las responsabilidades delegadas por el gobierno a las fuerzas armadas, el mismo presidente, al inicio de su gobierno habló sobre otorgar el perdón a los victimarios y fue el primero en otorgarlo a los uniformados.
Se supone, las investigaciones por parte de la comisión deben ser independientes para evitar cualquier tipo de influencia, sin embargo, el ejecutivo federal se encuentra muy presente en estás, y esto genera desconfianza por su cercanía con uno de los acusados.
Dentro de las principales acciones para llegar a la verdad, se creo la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la cual fue desmantelada tiempo después sin una razón aparente.
Los padres acusaron al gobierno de encubrir al ejército, pues no se explican que en 5 años no se logre llegar a una posible ubicación de los chicos, por su parte, la comisión ha defendido su trabajo y presentó un nuevo informe de la investigación respaldada con la colaboración de 15 instituciones.
Es importante aclarar, si bien no se tienen los resultados esperados, tampoco significa un estancamiento, en esta administración se consiguió la detención del exprocurador Murillo Karam y se han girado 200 órdenes de aprehensión contra militares participantes en los hechos.
Pero, dichos avances han permanecido en lo simbólico, sí, fue este gobierno el primero en admitir la participación de autoridades locales, estatales y federales, aceptando así los nexos que hay con el narcotráfico, pero el cuestionamiento es el mismo, ¿Dónde están los 43?
Hagamos un recuento de lo que se ha confirmado, los normalistas fueron atacados por la organización criminal “Guerreros Unidos” mismos que contaron con el apoyo de la policía municipal, el ejército, que tiene monitoreada la zona, se enteró de lo ocurrido al momento y tomó la decisión de no interferir.
El gobierno federal liderado por Enrique Peña Nieto decidió ocultar la participación de las instituciones y maquiló una “Verdad Histórica” para dar carpetazo a la situación y encubrir a algunos funcionarios.
¿Qué nombres, aparte de los conocidos, ocultó la administración pasada? O quizá el ejército tuvo una participación mayor a solo ignorar la situación. Estas preguntas vienen a mi cabeza como consecuencia del accionar de las autoridades.
¿A quién protegen? Cuentan con todas las herramientas a su alcance para realizar las indagatorias y parecieran resistirse a conocer la verdad, o tal vez ellos ya la saben y no quieren hacerla pública, pero ¿por qué?
¿La verdad nos lastimará más? Sinceramente, lo dudo, dudo que algo pueda herirnos más que la idea de 43 jóvenes torturados, asesinados y desaparecidos por un grupo criminal con la complicidad de las instituciones encargadas de cuidarnos, suena escalofriante, ¿no? Es nuestra realidad.
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